Raúl España Cuellar - Perspectivas de la democracia en América Latina - Instituto de Investigaciones Sociológicas “Mauricio Lefebvre”

Perspectivas de la democracia en América Latina
Prólogo
Raúl España Cuellar

 

Entre los días 2, 3 y 4 de septiembre de 2019, se desarrolló el seminario internacional “Perspectivas de la democracia en América Latina”, organizado por el Instituto de Investigaciones Sociológicas “Mauricio Lefebvre” (IDIS), de la Carrera de Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés, con la participación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Arturo Prat, de Iquique, Chile. Dicho seminario contó con los aportes de académicos de Chile, México y Bolivia y tuvo como objetivo reflexionar, desde una perspectiva académica, sobre las perspectivas y los retos de la democracia en América Latina. Prácticamente a un año de su realización, ponemos a su disposición la Memoria del “Seminario Internacional Perspectivas de la democracia en América Latina”, en un contexto en el que se han producido cambios importantes en la situación política, tanto de Bolivia como de Chile. 

A casi un mes de la realización del seminario, en octubre de 2019, en Bolivia se inició la ola de protestas contra la discrecionalidad del poder que culminó con la renuncia de Evo Morales y su salida del gobierno de Bolivia. Por su parte, en Chile, se produjo un estallido social de gran magnitud impulsado y protagonizado por la juventud, que puso en evidencia la desigualdad estructural de la sociedad chilena y la desconexión de la clase política con las necesidades reales de la sociedad. Ambas movilizaciones fueron y son indicativas de los déficits de las democracias latinoamericanas, que ya habían sido vislumbrados en el seminario y que hoy se ven agravados por la pandemia del Covid 19. A continuación, hacemos una breve interpretación de las ponencias realizadas en el seminario para introducir y motivar su lectura. 

Es necesario advertir que el telón de fondo de las ideas aquí expuestas está constituido por las dinámicas democráticas de Chile y Bolivia, países que, además, han tenido procesos distintos de transición del autoritarismo militar a la democracia. En Chile, se produjo una transición pactada y tutelada (Jamet y Pérez Mora, p. 39) hacia el régimen democrático, mientras que en Bolivia la recuperación de la democracia fue resultado de la lucha popular que culminó con la derrota del autoritarismo y el retorno de los militares a los cuarteles sin ninguna condición. Estas características de la recuperación democrática, sin duda, han marcado y marcan las dinámicas democráticas actuales de ambos países. 

Es importante señalar que en el seminario no se abordaron las especificidades del devenir de la democracia en ambos países, sino que se puso el acento en los peligros de la des-democratización y en las perspectivas de la profundización de los procesos democráticos.

En ese marco, el presente prólogo pretende leer entre líneas y poner en evidencia los principales peligros por los que atraviesa la democracia en América Latina, así como poner de manifiesto cuáles son las posibilidades que se vislumbran para avanzar en la democratización de la democracia, en otras palabras, las posibilidades de su profundización, a la luz de las experiencias de Bolivia y Chile.

 

DE QUÉ DEMOCRACIA ESTAMOS HABLANDO

Para avanzar en ello, sin embargo, es necesario tener claro de qué democracia se está hablando, en la medida que hay múltiples formas de entender y significar la democracia. En procura de avanzar en esa delimitación, se resaltarán aspectos recurrentes de las ponencias desarrolladas en el seminario.

El primer elemento que hay que destacar es que el conjunto de los expositores puso énfasis en una visión sustancialista de la democracia, trascendiendo la visión procedimental. Desde esa perspectiva, la democracia a la que hacemos referencia no se reduce al acto de votar cada cierto tiempo para elegir a los titulares del poder; la democracia tiene un sentido más profundo, es un principio de organización de la vida política (Tapia Mealla, p. 23) o, dicho de una manera más amplia, es un modo de organizar y hacer funcionar el poder en función de garantizar los derechos fundamentales de los actores sociales (Lazarte Rojas, p. 232). En ese sentido, “la democracia es una historia de luchas por ampliar los espacios de igualdad en la vida política, en la vida económica, en las relaciones entre los sexos, entre las culturas, (…) implica introducir mayor participación igualitaria en la deliberación y en la toma de decisiones” (Tapia Mealla, p. 24), es una lucha permanente contra la exclusión, la discriminación y la segregación.

La democracia implica expandir las posibilidades de autonomía de la sociedad civil y, por lo tanto, de poner límites al poder, límites que están dados por el respeto a los derechos.

La democracia es también pluralismo, es diversidad, es la capacidad de reconocimiento del otro, de disputar, de discutir con el otro; en ese sentido, es la posibilidad de la gestión pacífica del conflicto, es la posibilidad del consenso. No es la negación del otro. En ese marco, la concepción de la política como relación amigo-enemigo es incompatible con la democracia, aunque ha sido utilizada de manera reiterada en discursos confrontacionales de gobiernos elegidos por el voto popular, como ha sido el caso boliviano durante la gestión de Evo Morales.

La democracia es una cultura política, es decir, un conjunto de ideas, creencias, fines, valores, actitudes, orientaciones, representaciones sobre las instituciones y los actores políticos, sobre las formas de participar y decidir. En otras palabras, es una forma de intersubjetividad, de interacciones entre individuos y colectividades para hacer y pensar la política (Tapia Mealla, p. 23; Flores Castro, p. 130; Moreno, p. 143). 

La democracia también implica resultados para mejorar el bienestar y las condiciones de vida de los ciudadanos (Cortés Hurtado, p. 165; Valenzuela Espinoza, p. 182).

La democracia no es solo un modo de organizar el poder, de luchar por la igualdad, de poner límites al poder, de gestionar pacíficamente los conflictos, de instituciones y normas, de pensar y hacer la política; es también un “fin político, una idea hacia la cual orientamos la vida política” (Tapia Mealla, p. 24).

Entendida la democracia desde esta perspectiva, veamos cuáles son los principales peligros que acechan actualmente a la democracia latinoamericana desde las miradas de Chile y Bolivia y cuáles son las perspectivas para su profundización.

 

LOS PELIGROS QUE ACECHAN A LA DEMOCRACIA 

La emergencia de sesgos autoritarios

 

Se había pensado, hasta nosotros, que el despotismo era odioso, cualesquiera que fuesen sus formas. Pero se ha descubierto en nuestros días que había en el mundo tiranías legítimas y santas injusticias, siempre que se las ejerciera en nombre del pueblo. 

                                           Alexis de Tocqueville, La democracia en América

 

Una de las manifestaciones de la emergencia de sesgos autoritarios en las democracias latinoamericanas se traduce en lo que Luis Tapia denomina “la constitución de regímenes representativos plebiscitarios”, que se constituyen a partir de la elección de gobernantes con un importante apoyo popular, pero que menosprecian aquellos espacios deliberativos que posibilitan el encuentro entre gobernantes y ciudadanos para discutir el conocimiento del país, para discutir la formulación de leyes, para discutir el contenido de los procesos de gobierno. En ese sentido, lo que caracteriza a estos regímenes representativos plebiscitarios es más bien un reforzamiento del poder Ejecutivo en el seno del Estado y la subordinación del Legislativo al Ejecutivo, al grado de –casi– su anulación fáctica y de convertirlo prácticamente en un adorno institucional (ibid., p. 30). 

La irrupción de este tipo de regímenes se ha visto favorecida por reformas electorales que han dado primacía al principio de mayoría en detrimento del principio de proporcionalidad, lo que ha generado como consecuencia, primero, que las minorías ideológicas, culturales y de cualquier otra índole queden fuera del Parlamento; segundo, parlamentos menos pluralistas y representativos (ibid., p. 28).

Otro factor condicionante de la posibilidad de estos regímenes representativos plebiscitarios es la pervivencia, en la cultura política latinoamericana, del caudillismo, de la preminencia de los individuos sobre las instituciones, del personalismo en la política, que visibiliza un bajo grado de circulación de las elites y bajos niveles de democratización de los partidos políticos y que tiene su expresión mas contundente en la ausencia de renovación de los liderazgos políticos (Flores Castro, p. 129). 

A partir de estos elementos, se puede señalar que uno de los factores de perversión de la democracia es la emergencia de sesgos autoritarios en los gobiernos democráticamente electos, que tiene su expresión en el despotismo de la mayoría, en la “dictadura” de la mayoría que desconoce y aplasta a la minoría, que imposibilita el pluralismo, que anula la independencia de poderes y que, en términos prácticos, se traduce en la concentración del poder y en la posibilidad de que el líder plebiscitario popularmente electo se coloque por encima de la ley y la manipule de acuerdo a su conveniencia.

En ese marco, es importante explicitar que la democracia no puede reducirse a los mecanismos procedimentales para la legitimación del poder mediante el voto y que el voto no es un cheque en blanco que los electores entregan a los gobernantes. El poder tiene límites y ese límite son los derechos ciudadanos que el Estado no debería de violar (Lazarte Rojas, p. 233). 

El debilitamiento del protagonismo de la sociedad civil en la construcción democrática

 

Aquí expresaré un pensamiento que recordará lo que dije en otra parte a propósito de las libertades comunales: no hay país donde las asociaciones sean más necesarias, para impedir el despotismo de los partidos o el arbitrio del príncipe, que aquellos cuyo estado social es democrático.

                            Alexis de Tocqueville, La democracia en América

 

La concentración del poder tiene como correlato la fagocitación de la sociedad civil por el Estado, es decir, la anulación de la independencia de la sociedad civil respecto del Estado a través de la cooptación prebendal y/o clientelar de las dirigencias sociales y su incorporación a la lógica estatal (Morfa-Hernández, p. 70), a través de la integración corporativa de la clases subalternas y la incorporación subordinada de sus demandas (Cortés Hurtado, p. 169), a través del debilitamiento de los movimientos sociales (Jamet, p. 39), a través de la fragmentación y división de las organizaciones sociales (Zegada Claure, p. 95), o finalmente a través, simple y llanamente, de la represión (Cortés Hurtado, p. 172; Morfa-Hernández, p. 70).

Estos procesos de anulación de la independencia de la sociedad civil respecto del poder político conllevan a la posibilidad de vaciar de contenido el potencial transformador de la sociedad civil para avanzar en los procesos de profundización de la democracia, cancelar su capacidad crítica, inhabilitar el ejercicio del control social al poder, colapsar su capacidad organizativa y banalizar la participación social en los procesos de decisión. Y es que al poder concentrado y ejercido despóticamente le perturba el ojo vigilante de la sociedad, su potencial deliberativo y su capacidad de incidencia en los procesos de decisión. Es por ello que el “pensamiento disidente y las organizaciones autónomas y orgánicas son objeto de criminalización, represión e invisibilización, amputándose el pluralismo y las capacidades de crítica, participación, deliberación y control social desde otras matrices no estatales” (Morfa-Hernández, p. 70).

Por otra parte, la preservación de la independencia de la sociedad civil también implica que los movimientos sociales no se solapen con los partidos. La robustez de los movimientos sociales no debe diluir el sistema político, ya que ello podría conducir al corporativismo, a la fagocitación de los movimientos sociales por el Estado. Y el corporativismo –como la historia lo ha demostrado– es la antesala del totalitarismo. La preservación de la independencia de la sociedad civil permite amplificar la eficacia de los movimientos sociales para introducir en la agenda pública problemas, temas, demandas, valores que afectan y que interesan al conjunto de la sociedad, para que sean procesados por el sistema político y convertidos en decisiones vinculantes (políticas públicas). En este sentido, la preservación de la independencia de la sociedad civil permite vehiculizar y canalizar con mayor eficacia la participación social en los procesos de toma de decisiones (España Cuellar, 2010).

El debilitamiento de la ciudadanía

[El despotismo] llama espíritus turbulentos e inquietos a los que pretenden unir sus esfuerzos para crear la prosperidad común y, cambiando el sentido natural de las palabras, llama buenos ciudadanos a los que se encierran estrechamente en sí mismos. (…) La igualdad coloca a los hombres unos al lado de los otros sin lazo común que lo retenga. El despotismo levanta barreras entre ellos y los separa. Aquélla los dispone a no pensar en sus semejantes, y éste hace de la indiferencia una especie de virtud pública. El despotismo es peligroso en todos los tiempos, pero es mucho más temible en los siglos democráticos.

                                               Alexis de Tocqueville, La democracia en América

Bajo la premisa de que el Estado es por sí mismo la expresión del pueblo o la nación y, por lo tanto, el custodio exclusivo de los intereses de la sociedad, se produce la subordinación de la acción política a un garante metapolítico: el interés nacional. Esa lógica es incompatible con el ejercicio pleno de la ciudadanía, en la medida en que la ciudadanía se funda en el derecho a participar, directa o indirectamente, en la gestión de la sociedad (Touraine, 2000). Es en ese sentido que los regímenes representativos plebiscitarios menosprecian los espacios deliberativos y la acción independiente de los actores sociales; y antes que ciudadanos activos, requieren de “ciudadanos” pasivos que no se entrometan en el control de la conducción del Estado ni en la definición de las políticas públicas y menos que tengan una actitud crítica frente al Estado.

Este debilitamiento de la ciudadanía no es producto exclusivo de la lógica de los regímenes representativos plebiscitarios, sino que es una herencia lastrada del neoliberalismo, que posibilitó “una cultura [política] individualista, no solidaria y consumista. Es una cultura que no tiene una orientación hacia la participación política, la crítica y, por lo tanto, capacidades de fiscalización del Estado” (Tapia Mealla, p. 29), que se expresa también en una suerte de vaciamiento ideológico producto de la ineficacia discursiva de los actores políticos y en una dilución del compromiso político y su sustitución por un pragmatismo que abre las puertas a las prácticas prebendales y clientelares (Zegada Claure, p. 97).

Los regímenes representativos plebiscitarios tienden a reforzar esta cultura política, porque además son reacios a la crítica y proclives a la adulación, e intolerantes con los “libre pensadores”, lo que hace que el más mínimo cuestionamiento a su particular conducción del Estado sea identificado como traición. 

Pero además el afianzamiento de esta cultura política individualista y no solidaria tiene una base material generada también por las políticas neoliberales: la extensión de lo que algunos teóricos denominan la economía informal y otros la economía popular, que los gobiernos democráticos “progresistas” tampoco han podido reducir. Según datos del Banco Mundial para el 2019, en América Latina, seis de cada diez personas forman parte de la economía informal (Banco Mundial, 2019: 4) y, según datos del Fondo Monetario Internacional, Bolivia tiene uno de los mercados informales más grandes del mundo, con una tasa de 80% (Giraldo López, 2019).

Los informales constituyen una sumatoria de elementos aislados (de “cuenta propias”) y no una totalidad orgánica como es el caso de los obreros asalariados. Por ello, están más preocupados por sobrevivir, y en esta lucha por la “propia vida” se olvidan solidaridades. Esa lógica de la sobrevivencia, en la medida que es individualista y disgregadora, hace de los informales más proclives a la cooptación prebendal y clientelar, en tanto sujetos del paternalismo estatal a través de políticas asistenciales. Lo anterior contribuye al debilitamiento de la ciudadanía.

La ciudadanía es fundamental para el fortalecimiento de la democracia en la medida que su ejercicio pleno garantiza los derechos jurídicos, políticos y también sociales de todos los ciudadanos de un país, cualesquiera que sea su pertenencia social, religiosa, étnica o cultural. La ciudadanía implica la responsabilidad de los ciudadanos sobre su gobierno; si no hay responsabilidad sobre los que ejercen el poder, tampoco puede haber ni representatividad de los dirigentes ni libre elección. En ese sentido, la ciudadanía no requiere de un Estado todopoderoso, sino de la existencia de una sociedad nacional, es decir, de una fuerte asociación entre la sociedad civil, el sistema político y el Estado (Touraine, 2000).

 

La crisis de representación de los partidos políticos

 

¿Qué ocurre cuando los actores políticos no están sometidos a las demandas de los actores sociales y pierden por lo tanto su representatividad?  Así desequilibrados, pueden inclinarse hacia el lado del Estado y destruir la primera condición de existencia de la democracia, la limitación de su poder.  Pero si esta situación no se produce, la sociedad política puede liberarse a la vez de sus lazos con la sociedad civil y el Estado y no tener ya otro fin que el crecimiento de su propio poder. 

                              Alain Touraine, ¿Qué es la democracia?

 

Un factor que favorece la emergencia de sesgos autoritarios en las democracias latinoamericanas y posibilita los procesos de concentración del poder es la debilidad del sistema de partidos y la crisis de representación.

Esa crisis de representación se funda en el hecho de que los partidos se han desconectado de la sociedad civil; se han replegado al ámbito del sistema de representación partidario y al Estado (Tapia Mealla, p. 29); han dejado de cumplir con funciones vitales, como articular a la sociedad, agregar intereses, educar a la ciudadanía, ser canales de participación en las decisiones (Zegada Claure, p. 96); como señalan Tapia y Zegada, se han restringido a la competencia electoral y a la gestión pública, se han vuelto exclusivamente máquinas electorales. En otras palabras, al desconectarse de la sociedad civil, han posibilitado la autonomización del poder político; y, cuando el poder político se autonomiza, opera la lógica del poder por el poder que da pie a la corrupción en la medida que los partidos dejan de servir a la sociedad y comienzan a servirse a sí mismos. Es en ese sentido, que la crisis general del sistema de partidos y, en particular la crisis de representación, se agudizan a partir de gestiones de gobierno ineficaces, corruptos, con graves problemas de credibilidad y con un gran distanciamiento por parte de la sociedad (ibid., p. 97).

Pero la extensión de la corrupción no solo agudiza la crisis del sistema de partidos, lo más grave es que erosiona la legitimidad del régimen democrático y la confianza en sus instituciones; a más corrupción, menos legitimidad de la democracia (Moreno, p. 153). Ello también repercute en un menoscabo a la participación política de la ciudadanía, lo cual genera condiciones favorables para la discrecionalidad en el ejercicio del poder político.

En ese marco, la superación de esos déficits de la democracia requiere del fortalecimiento de la conexión entre los lazos de la vida social y la vida política, es decir, la recuperación del rol agregador y canalizador de las demandas de la sociedad civil por parte de los partidos políticos y organizaciones sociales fuertes que coadyuven también a la mediación entre la sociedad y el sistema político. Requiere también de una sociedad civil independiente, que sea capaz de fiscalizar y poner límites al poder a través de velar no solo por el respeto a los derechos ciudadanos sino de pugnar por su ampliación. Requiere asimismo de una ciudadanía que ejerza su derecho a participar en la gestión de la sociedad y también de un Estado que sea garante de los derechos ciudadanos y que no esté por encima de la ley. Por último, requiere del respeto a la diversidad social y al pluralismo y de la capacidad de gestionar pacíficamente la conflictividad social. 

LAS PERSPECTIVAS DEL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA EN AMÉRICA LATINA

Los expositores que participaron en el seminario que prologo ahora, coinciden en que la posibilidad de profundización de la democracia radica en la capacidad de ésta para expandir los derechos, que no significa otra cosa que la capacidad de la democracia para reducir las desigualdades, posibilidad que solo puede concretarse en la comprensión de la democracia como la lucha por ampliar los espacios de igualdad en todas las dimensiones de la vida social. 

Los expositores también coinciden en que el protagonista central de esa lucha es la sociedad civil. Como señala Marité Zegada Claure, “la democracia no solamente habita en los partidos, en las instituciones y en la disputa y cumplimiento de las reglas de juego; (…) la democracia, [al parecer] en América Latina, también habita en otros territorios: en el territorio de las calles, de los vecinos, de los movimientos cívicos, de los movimientos obreros, de los sindicatos campesinos, de las comunidades indígenas, de los ciudadanos” (Zegada Claure, p. 104).

En esa perspectiva, Luis Tapia destaca que “muchas de las democratizaciones que hemos vivido en el continente, durante el siglo XX y también en el último tiempo, son el resultado de formas de constitución de espacios y sujetos políticos fuera del Estado, que han hecho críticas a las formas de desigualdad existente, han imaginado reformas y, en algunos países, han logrado introducirlas en el Estado, [logrando] reducir el monopolio del poder político, controlando o introduciendo formas de fiscalización en el ejercicio del gobierno, e inclusive creando espacios de participación e induciendo algunas políticas de redistribución progresiva de la riqueza” (Tapia Mealla, pp. 24-25).

Manifestaciones relevantes de esos procesos democratizadores han sido los avances para desbrozar los caminos para lograr la igualdad entre pueblos y culturas, lo que Tapia denomina “la construcción del horizonte plurinacional”; la resistencia a las políticas extractivistas y desarrollistas que tienen como telón de fondo las luchas comunitarias por la gestión de sus territorios como espacios de vida en equilibrio con la naturaleza y como posibilidad de formas de autodeterminación y autonomía de las sociedades subalternas para la conducción de su vida y sus destinos políticos, sociales, económicos y culturales (Morfa-Hernández, pp. 72-73; Molina, p. 81; Cortés Hurtado, p. 175); las luchas del movimiento feminista por la igualdad de género; el surgimiento de movimientos político culturales, impulsados sobre todo por la juventud, que luchan por la defensa del carácter público y desmercantilizado de la educación; la emergencia de espacios de deliberación expresados en cabildos ciudadanos y en asambleas populares como formas de democracia directa (Tapia Mealla, p. 33; Jamet y Pérez Mora, p. 52; Morfa-Hernández, p. 68; Molina, p. 83); la irrupción de nuevas identidades, de una nueva sociabilidad constituida por ciudadanos y grupos que están articulando una resistencia al poder y a quienes los une la crítica o el rechazo al orden estatal. En ese campo, se encuentran varios sectores del movimiento indígena, y también movimientos urbanos de jóvenes, mujeres y ciudadanos de a pie que de pronto se sienten interpelados para poder participar mediante plataformas, activismos, concurrencia a las plazas y una intensa participación en las redes sociales (Zegada Claure, p. 102). 

Los expositores también coinciden en que estos procesos democratizadores trascienden la lucha sectorial y corporativa, que son procesos que expresan la lucha contra los totalitarismos del Estado y del mercado; en tanto expresión de la lucha por la reducción de las desigualdades y la expansión de los derechos, buscan mayor capacidad de incidencia sobre el poder político, mayor control sobre éste y la consolidación de la deliberación como elemento central de la democratización de la democracia. 

 

BIBLIOGRAFÍA

Banco Mundial (2019). Informe sobre el Desarrollo Mundial 2019. La naturaleza cambiante del trabajo, cuadernillo del “Panorama general”. Washington, DC.: Banco Mundial. Licencia: Creative Commons de Reconocimiento CC BY 3.0 IGO.

España Cuellar, Félix Raúl (2010). Plan Estratégico Institucional de la Facultad de Ciencias Sociales (2010-2015). La Paz: Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Mayor de San Andrés. 

Giraldo López, Johnny (25 de abril de 2019). “Bolivia y México, los países con la mayor tasa de informalidad en América Latina”. La República [sección “Laboral”]. Recuperado de: https://www.larepublica.co/globoeconomia/bolivia-y-mexico-los-paises-con-la-mayor-tasa-de-informalidad-en-america-latina-2855029

Touraine, Alain (2000). ¿Qué es la democracia? México D.F.: Fondo de Cultura Económica.