Este jueves, a diez días de llevarse a cabo las elecciones Generales, varios sectores sociales se congregaron en la plaza San Francisco, en el centro de la sede de Gobierno, exigiendo respeto al voto del referendo del 21 de febrero de 2016 y voto castigo al presidente Evo Morales en los comicios del 20 de este mes.

Además de conmemorar los 37 años de la recuperación de la democracia en Bolivia.

El rector de la Universidad Mayor de San Andrés (Umsa), Waldo Albarracín, dio lectura a ocho resoluciones aprobadas por unanimidad de la gente que se dio cita en el atrio de la plaza San Francisco.

La primera resolución aprobada fue la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ante la negativa de anular la candidatura del binomio del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales y Álvaro García Linera.

“Considerando el incumplimiento del TSE en anular la candidatura de Evo Morales y Álvaro García Linera, el cabildo resuelve exigir la renuncia de los vocales del TSE”, sentenció Albarracín.

Llamó además a desconocer la candidatura de Morales y de García Linera en vista de la vigencia del artículo 168 de la Constitución Política del Estado (CPE), que autoriza la reelección durante un mandato consecutivo. Asimismo, remarcó que el referendo del 21 de febrero de 2016 es de carácter vinculante.

Durante la lectura de la segunda resolución, llamó a un desconocimiento del binomio oficialista a partir del mecanismo de la “desobediencia civil”, en el caso de un posible "fraude".

“El cabildo resuelve desconocimiento a la candidatura de Evo Morales y Álvaro García Linera (…). Así como cualquier resultado del binomio, activando los mecanismos de desobediencia civil democrática”, indicó el rector de la Umsa.

Como tercer punto resolutivo, Albarracín pidió voto castigo contra Morales y llamó a emitir el sufragio este 20 de octubre, sólo por los candidatos que “cumplen” la CPE y respalden el 21F.

“El cabildo resuelve votar por las candidaturas que cumplen con la CPE y el 21F, defender activamente el voto y derrotar cualquier manifestación de fraude electoral”, continuó.

Con respecto al paro del sector Salud, la cuarta resolución del cabildo establece el apoyo a los galenos en sus reivindicaciones en la búsqueda de mejores insumos para lograr una mejora en la atención de los ciudadanos.

“Considerando que la salud y el derecho al trabajo constituyen un derecho fundamental de todos, el cabildo resuelve apoyar al sector Salud en todas sus reivindicaciones laborales para la salud y el servicio del pueblo”, acotó.

Durante el cabildo se resolvió además otorgar amnistía para los dirigentes de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Franclin Gutiérrez y Sergio Pampa, acusados y encarcelados, sin pruebas, por la muerte del teniente de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), Daynor Sandoval, y por el asesinato del dirigente del Consejo de las Federaciones Campesinas de Los Yungas de La Paz (Cofecay), Eduardo Apaza.

“El cabildo resuelve exigir una amnistía general irrestricta a todas las personas encarceladas injustamente, de manera particular e inmediata de los dirigentes de Los Yungas, Franclin Gutiérrez y Sergio Pampa”, sostuvo el rector de la Umsa.

Sobre los incendios forestales suscitados en la Chiquitania, el cabildo resolvió la abrogación de las normas que atentan contra la naturaleza, destacando entre ellas la Ley 741, que permite la quema “controlada”, y del DS 3973, que amplía la frontera agrícola en el departamento del Beni.

“El cabildo resuelve defender el bien común, nuestro patrimonio, los derechos de la naturaleza y pueblos indígenas en resistencia. Debiendo abrogarse las leyes 337, 502, 739, 740, 741, 1171, 1098 y los DS 3874 y 3973”, manifestó.

Sobre la defensa del litio como recurso natural, se determinó la abrogación del DS 3738, que autoriza la creación de la empresa mixta YLB-Acisa, para la exploración y explotación del mineral en las salmueras del Salar de Uyuni.

“Considerando que el litio es patrimonio de Bolivia y de Potosí, el cabildo resuelve exigir al gobierno la abrogatoria del DS 3738 y la participación del departamento de Potosí en la exportación del litio”, complementó.

Finalmente, se resolvió establecer un juicio de responsabilidades contra Morales y García Linera por “traición a la patria”, por haber “violado” el régimen constitucional de los recursos naturales.

“Considerando que el Gobierno ha violado el régimen constitucional de los recursos naturales, el cabildo resuelve acusar a Evo Morales, Álvaro García Linera y sus colaboradores por los delitos de traición a la patria y otros delitos, con la máxima sanción penal, exigiendo a la nueva Asamblea Legislativa en enero de 2020, que autorice con prioridad este juicio de responsabilidades”, finalizó.